Inmediatamente después de la inauguración del Presidente Trump en 2017, su administración anunció una agenda dura para la inmigración que incluía construir una muralla en la frontera, expandiendo masivamente la ejecución de políticas de inmigración en el interior, y aprobando leyes para limitar la inmigración legal. La agenda política del Presidente Trump se puso en acción rápidamente con la expedición de órdenes ejecutivas durante sus primeros meses en la oficina. Estados y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han sido forzados a recurrir a las cortes para buscar alivio mientras que el Presidente continúa indicando que su posición en su campaña anti-inmigrante es más que comentarios vacíos.
Aunque la muralla física entre los Estados Unidos y México atrajó mucha atención, es otra muralla la que causa más preocupación para los inmigrantes y los grupos de defensa para el inmigrante. La administración ha erguido silenciosamente una muralla empinada, invisible, que limita la migración, a través del uso de tácticas agresivas con la intensión de expulsar a personas que han residido por mucho tiempo en los Estados Unidos.
Nueva agenda de inmigración
La nueva agenda de Inmigración se enfoca en atacar a las poblaciones de inmigrantes más frágiles y vulnerables. Las prohibiciones de viaje al inicio del 2017 impactaron predominantemente a personas que buscaban refugio o asilo. Poco después de las prohibiciones de viaje, la administración ordenó un final al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era de Obama, que ofrecía protección a más de 700,000 inmigrantes indocumentados quienes llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños. Afortunadamente, las cortes intervinieron y DACA todavía está disponible, pero solamente para participantes que soliciten una renovación de su estatus de DACA. Es probable que el año de altos y bajos de decisiones de la corte que ha mantenido a DACA a flote hasta ahora, provoque un enfrentamiento en la Corte Suprema.
La administración de Trump también eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), protección para grupos de individuos vulnerables de Haití, Nicaragua, Sudán, El Salvador, Nepal y Honduras. TPS ofrece protecciones legales a nacionales de países que se encuentren en conflictos armados, desastres ambientales, u otras condiciones extraordinarias. Desde 1990, el programa ha proveído alivio de deportación y permisos de trabajo para gente que ya se encontraba presente en los Estados Unidos cuando se otorgó el estatus de TPS. En los próximos dos años, más de 300,000 individuos presentes legalmente—muchos de ellos residentes establecidos con familias cuyos miembros tienen distinta situación migratoria, trabajos, propiedades—serán forzados a salir de los Estados Unidos si el Congreso no interviene. Durante las últimas dos décadas, cientos de miles de niños ciudadanos estadounidenses nacieron de padres beneficiarios de TPS. Terminar TPS separará a familias, lo cual está en contra de los valores fundamentales estadounidenses.
Además, la administración ha transformado drásticamente las misiones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), convirtiendo a los oficiales y jueces de inmigración en herramientas de ejecución de leyes en vez de jueces imparciales. Bajo los nuevos lineamientos, los oficiales de USCIS no tomarán en cuenta protecciones procesales anteriores y descalificarán a muchos solicitantes para obtener beneficios de inmigración. Estos individuos serán forzados hacia los procedimientos de expulsión ante un sistema de corte de inmigración que tristemente no puede garantizar el debido proceso. USCIS, que previamente era una agencia de beneficios para los inmigrantes, es ahora una agencia de ejecución, introduciendo a los individuos dentro de la máquina de deportación.
Las politicas nuevas debilitan la independencia de los jueces de inmigración
En EOIR la administración también ha implementado políticas que van a impedir la independencia de los jueces de inmigración y debilitar el debido proceso en el sistema de las cortes. Las cortes de Inmigración juegan un papel importante en permitirle a aquellos que no son ciudadanos una oportunidad para defender sus casos para obtener alivio de deportación y permanecer en los Estados Unidos. Los cambios adoptados por el Departamento de Justicia desde el año pasado—incluyendo pasos para imponer cuotas numéricas a los jueces de inmigración e intentos para reducir las garantías procesales — amenazan la integridad de las cortes de inmigración. A partir de marzo del 2018, habían más de 680,000 casos de cortes de inmigración pendientes. El Fiscal General Jeff Sessions ha establecido metas de desempeño a los jueces de inmigración para lidiar con la crisis de atraso de la corte de inmigración. Será requerido que los jueces completen por lo menos 700 casos-por-año para recibir una calificación de desempeño “satisfactoria.” Actualmente el promedio de los jueces es de 678 casos por año. La Asociación Nacional de Jueces se opone a las metas de desempeño; ellos argumentan que la presente crisis de atraso no puede ser atribuida únicamente a la falta de productividad por parte de los jueces, y que la imposición de cuotas y fechas límites impedirá justicia y el debido proceso. Además, Sessions recientemente decretó que a los jueces de inmigración ya no se les permitirá usar el cierre administrativo para eliminar casos de baja prioridad para deportación de sus expedientes. La Administración de Obama intentó reducir el atraso de la corte como parte de su amplia estrategia de discreción procesal, gastando los recursos de ICE para perseguir y deportar inmigrantes con antecedentes penales, en vez de residentes establecidos que no habían tenido contacto previo con la policía. Esto permitió que abogados del gobierno pidieran que un caso fuera cerrado si no cumplía con los lineamientos de prioridad de deportación. Si el juez de inmigración estaba de acuerdo, el caso se cerraría, y el individuo se liberaría de futuras audiencias. A cientos de inmigrantes se les ofreció esa opción. Sessions recientemente decretó que el proceso en su totalidad era ilegal. A partir de finales del 2017, había más de 350,000 individuos con casos de baja prioridad que fueron cerrados administrativamente. Ellos se encuentran ahora en riesgo de que sus casos de deportación se reabran.
La regla de la “carga publica”
Otro ejemplo de la muralla invisible cada vez más amenazante es la propuesta de ley de cargo público que forzará a padres a tomar la decisión desgarradora entre usar servicios sociales—como cuidado de la salud, asistencia de alimentos o créditos de impuestos por sus hijos ciudadanos de los Estados Unidos—y cambiar su estatus de visa o solicitar residencia permanente en el futuro. Éste es un ataque radical e inmoral a los valores de familia y a nuestro sistema de inmigración. La regla propuesta no haría ilegal que los inmigrantes usen servicios que están abiertos para cualquiera sin importar su estatus migratorio, o servicios que están disponibles para sus niños nacidos en los Estados Unidos. Pero, si la ley pasa, el gobierno podría negar sus solicitudes para un nuevo tipo de visa en el futuro, o una tarjeta de residencia (o green card), si han utilizado los servicios en el pasado. Podría forzarlos a elegir entre aprovechar servicios sociales disponibles para los cuales ellos o sus hijos ciudadanos estadounidenses califican o la habilidad para que la familia pueda permanecer unida permanentemente en los Estados Unidos. Si se aprueba y finaliza, la regulación, al etiquetar al inmigrante como posible “carga pública”, expandiría de gran manera los poderes del gobierno para impedir o prohibir que inmigrantes entren a los Estados Unidos, obtengan una nueva visa, o se conviertan en residentes permanentes legales.
Tomadas en conjunto, estás leyes están atrasando y restringiendo la inmigración legal a los Estados Unidos, a expensas de familias de los Estados Unidos, comunidades locales, y empleadores. Se le debe de hacer saber a nuestros representantes acerca del impacto negativo de estas restrictivas leyes y urgirlos para que ejerciten más supervisión sobre agencias de inmigración de la administración. La muralla invisible tiene que ser desmantelada antes de que ocurran más daños irreparables.
Steffani Powell practica Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos en Olympia, Washington. Ella es miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
Traducido por: Isabella Rogol, Lengua Rica Spanish Language Instruction, Interpretation and Translation Services
