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Austeridad para todos excepto los parasitos financieros

A diez meses efectivos del nuevo gobierno la austeridad presupuestal, la violencia, la militarización, las concesiones a Donald Trump, el asambleismo y la religiosidad como cultura de gobierno, son auténticas piedras en el zapato, que pueden trabar avances de la 4aT (Cuarta Transformación) a lo largo de los próximos años.

Las políticas de austeridad bajo el neoliberalismo han tenido una doble utilidad: la primera, disminuir el tamaño del Estado para abrir nuevos espacios a un sector privado tan “ansioso de invertir” como reacio a concretarlo si no tiene asegurado rendimientos altos y a largo plazo. La segunda, fue poner a toda la sociedad a trabajar para pagar las deudas acumuladas con los fallidos negocios privados y los quebrantos públicos ( que ocurrieron con las crisis financieras en 1976, 1983, 1987, 1994, 2001, 2008-09), con cargo a las finanzas estatales.

Exacerbada la austeridad a extremos absurdos en una economía estancada, el peor despilfarro para México está en destinar 725 mil millones de pesos del presupuesto (del orden de 37 mil millones de dólares), para cubrir el servicio de una deuda pública ilegítima e insostenible.

En México, la 4aT supone que la austeridad del gasto nos sacará del hoyo del estancamiento disfrazado de estabilidad, pero su aplicación extrema en aras de un “superávit fiscal” está agravando la caída de la actividad económica, el desempleo, el desabasto en áreas de la salud pública y de la educación y el parasitismo financiero sobre las finanzas públicas. Todo lo cual ha sido aprovechado inteligentemente por intelectuales neoliberales, políticos panistas, empresarios farmacéuticos, energéticos, por medios de comunicación y poderes fácticos como las calificadoras de riesgo, el ejército y las iglesias. Argumentando “la defensa del Estado de Derecho”, los conservadores y la ultra-derecha han apostado a una alianza con el Poder Judicial para bloquearle muchas iniciativas al gobierno de AMLO y asediarlo políticamente.

El estancamiento económico y la austeridad extrema son caldo de cultivo de una descomposición social que ha recrudecido la violencia en el país, siempre siguiendo unos patrones que más parecen acciones de “fuerzas en operaciones especiales”, pues persiguen un impacto político fríamente calculado sobre la gobernabilidad, o que son literalmente espasmos reveladores de la perversa dinámica que nos deja el saldo brutal de diez años de “guerra contra las drogas”.

Vivimos desde hace varios años una delicada crisis humanitaria propia de un país en guerra (con centenares de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, miles de fosas clandestinas por todo el país, cientos de periodistas y militantes de organizaciones sociales asesinados); pero habiendo ofrecido el fin de esa guerra, el Poder Legislativo dominado por Morena dio luz verde a una Guardia Nacional que está realmente en manos de las fuerzas armadas que ahora, por compromisos con Donald Trump, tiene la “novedosa” función de contener las migraciones de Centroamérica y de México, asunto que choca frontalmente con la primera propuesta de hacer de México un “santuario para los migrantes”.

Se rechazó pagar el muro que quiere Trump en la frontera México-EU, pero sólo para caer en el dispendio de movilizar a los militares para contener en la frontera sur de México unas migraciones que son producto directo de las políticas de libre comercio de EU, del cambio climático, del hambre y de la violencia política neoliberal de origen multi-diverso.

No es entonces trivial que, desde los territorios Zapatistas de Chiapas, personalidades democráticas de México y el mundo, nos alerten sobre el agravamiento del cerco militar sobre ellos, al calor de la estrategia de contención de flujos de migrantes, como si se preparara una guerra contra los indígenas que alzaron su voz en contra de los proyectos de desarrollo que omiten una consulta rigurosa con las comunidades.

Por todo eso y más, urge una profunda recomposición del tejido social, pero eso no puede hacerse convergiendo con el proyecto cultural de la derecha neo-conservadora en el poder de Estados Unidos, que recurre a la Iglesia Evangélica como su gran aliada política nacional e internacional, desplegando actitudes misóginas, homofóbicas, racistas, contra el aborto, antisemitas y anti-islámicas, más otras graves cuestiones por el estilo.

Aquí, como lo ha advertido con oportunidad el equipo periodístico de Carmen Aristegui, la decisión reciente de cambiar reglamentos secundarios de la Secretaría de Gobernación para replantear silenciosa pero radicalmente las relaciones Estado-Iglesias, estuvo precedida de la apertura de espacios en el diseño de la estrategia gubernamental (Plan Nacional de Desarrollo), ha seguido con concesiones por el IFETEL (Instituto Federal de Telecomunicaciones) de espacios radioeléctricos a una iglesia disfrazada de ONG, colocando a sus líderes como oradores principales en mítines como el de Tijuana, abriendo recintos como Bellas Artes para celebraciones personales de líderes religiosos que luego cayeron encarcelados y despejando la vía para regresarles el registro como partidos políticos. Todas ellas, son medidas que apuntan en el peligroso sentido de cambiar la histórica raíz laica del Estado Mexicano. ¿Quién y a cuento de qué, promueve eso? ¿Porqué se dio tanto peso legislativo al Partido Encuentro Social (PES), si no juntó votos ni para sostener su registro? ¿Será porque es fuerza afín a Donald Trump?

Y por último, en el campo de las consultas a modo y las decisiones asambleísticas sobre proyectos de desarrollo o inversiones públicas de alcance local, regional o nacional significativo, las impugnaciones ya se acumulan por la izquierda y por la derecha, con la diferencia de que la derecha está apoyándose en el Poder Judicial (como algunos integrantes de “Mexicanos Unidos Contra la Corrupción” que le achacan al gobierno casi 30 violaciones del Estado de Derecho), mostrando que la lentitud y torpeza en unas decisiones contrasta con la rapidez y ligereza en otras, dejando las consultas a las comunidades directamente afectadas en un peligroso limbo, políticamente costoso. Es cierto: sabíamos que el camino era largo y sinuoso, pero hay que advertir que será muy difícil de concluir con éxito llevando estas piedras en los zapatos.

Alejandro Alvarez Bejar es profesor de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Escribe sobre eventos actuales en México para WIP

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